Más impuestos, menos dinero y menos independencia: ¿Cómo la reforma laboral afectará a los repartidores en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 16 de octubre una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para dar seguridad social a los repartidores de aplicaciones digitales como Uber, Rappi y Didi; sin embargo, la propuesta genera grandes preocupaciones que podrían impactar en las oportunidades de trabajo y en la reducción de ingresos para los repartidores del país.

En principio, el Gobierno ha reconocido que esta reforma sólo abarcará al 40% de los repartidores, por lo que el 60% que es la mayoría, podría quedar en un limbo.

Según datos del Servicio de Administración Tributaria, cerca de 658 mil personas en México trabajan en plataformas digitales. De este grupo, 272 mil trabajadores logran ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual y esto podría verse gravemente afectado con la nueva reforma.

Según una encuesta de Buendía & Márquez de 2023, el 58% de los repartidores utiliza estas plataformas como complemento a sus ingresos principales, lo que sugiere que muchos no las ven como su principal fuente de empleo.

Los repartidores de aplicaciones son contratados con flexibilidad de horarios, y este modelo de trabajo permite ser una fuente de ingreso para miles de familias en todo el territorio nacional porque miles de mujeres y estudiantes complementan sus tareas diarias con «las chambitas». La reforma ahora podría impedirles completar sus ingresos a raíz de la pérdida de independencia.

Con la reforma laboral, las aplicaciones de reparto y transporte se verían obligadas a proporcionar prestaciones completas a todos sus repartidores, incluidos aquellos que solo trabajan de manera esporádica, esto se traduce en más obligaciones para las apps y posiblemente la reducción de oportunidades de ingresos, así como mayores costos en los servicios y más impuestos para los trabajadores que hoy pagan 8% del IVA y deberán pagar 11% de ISR.

La implementación de una reforma que obligue a otorgar IMSS a todos los repartidores podría resultar en una carga financiera significativa para las empresas.
Un ejemplo cercano es España, donde en 2021 se aprobó la “Ley Rider”, que obligó a las plataformas a ofrecer contratos laborales a sus repartidores. Sin embargo, solo el 20% de los repartidores logró un contrato laboral, mientras que el resto continuó trabajando bajo un esquema de trabajo independiente.

En México, las plataformas podrían tomar medidas similares a las observadas en otros países, como reducir sus operaciones en áreas menos rentables o modificar su modelo de negocio; y esto, de nuevo sería una pérdida de ingresos para trabajadores, microempresarios y dueños de restaurantes netamente digitales que dependen de estas plataformas para sus ventas, y a los consumidores que han adoptado los servicios de entrega como parte de su vida diaria.

Frente a la propuesta del gobierno, la Alianza In, que agrupa a las principales plataformas tecnológicas del país, ha solicitado diálogo. Guillermo Malpica, director ejecutivo de la organización, subrayó que México tiene una oportunidad histórica para crear una legislación que beneficie tanto a los repartidores como a las empresas tecnológicas.

Por otro lado, los repartidores también han mostrado sus preocupaciones. La organización Repartidores Unidos de México, en su Decálogo presentado el pasado 4 de octubre, pidió que cualquier reforma preserve la flexibilidad y autonomía que actualmente les ofrecen las plataformas. Según el grupo, “No queremos responder a las órdenes de un jefe, ya sea plataformas o sindicatos”.

La preocupación de las empresas es en torno al reconocimiento de la relación laboral. En 2022, Nicolás Sánchez, director de Políticas Públicas de Uber México, admitió que el modelo de negocio no está pensando para tener trabajadores subordinados.

“Lamentablemente, este modelo no está pensado para tener empleados. Imaginemos que tres empresas absorben 500,000 personas, eso es absolutamente inviable. Imagina una industria que asume cargas y un costo de seguridad social para una persona que se conecta una hora al mes”, dijo en una entrevista con El Economista.